Resumen: Se condena por delito contra la salud pública por diversas ventas al menudeo de cocaína y heroína realizadas por el acusado en distintas ocasiones en fechas cercanas. El derecho a la presunción de inocencia no impone la exigencia de que las pruebas de cargo sean aptas para convencer de la culpabilidad a todo observador imparcial externo. Sólo existirá violación de tal derecho cuando no haya pruebas de cargo válidas o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo. Las declaraciones testificales en el plenario de los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio, al estar prestadas con las garantías procesales propias del acto, constituyen prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia. Se opta por no aplicar el subtipo atenuado del segundo inciso del art. 368 CP ante la constatación de que el acusado había hecho del tráfico su modo de vida habitual. Consecuencias penológicas de la condición de drogadicción del acusado traficante.
Resumen: Se recurre la resolución que impone una sanción disciplinaria de suspensión de funciones por vía del proceso de derechos fundamentales. El demandante alega infracción del derecho de defensa al ser representante sindical, considerando la sentencia que las cuestiones de legalidad ordinaria no son objeto del procedimiento especial, salvo en el caso de que por si mismas determinen la infracción del derecho constitucional, y en el caso el recurrente realiza una impugnación por acumulación de motivos genéricos en relación, en unos casos, a derechos fundamentales que dice vulnerados y en otros casos totalmente desvinculados de dichos derechos fundamentales al estar referidos únicamente a cuestiones de legalidad ordinaria, constatándose que el expediente se tramitó con todas las garantías, sin que se produjera una situación de indefensión. En cuanto la vulneración del derecho a la libertad de expresión, el principio de neutralidad exigible a los funcionarios en general y a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en particular determinen que no queden amparadas las manifestaciones públicas del demandante en su cuenta de Twitter, en la que se identifica como funcionario de policía, en relación a la información falsa del video que difundió sobre que la la Delegación del Gobierno había prohibido llevar la bandera de España en unas manifestaciones.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda y la Sala, tras rechazar la revisión de los hechos probados, porque la prueba testifical es valorada por el Juez, razonando que partiendo de estos hechos acreditados e incluso aunque no valoremos aquellos aspectos que no figuran en la carta de despido referidos en el primer motivo de recurso, la conducta del actor ha de ser calificada de muy grave, tal como lo valora la juzgadora, pues supone la trasgresión de la buena fe contractual e incumplimiento de obligaciones laborales, que le imputa la empresa y confirma la Juzgadora, pues supone una falta de cumplimiento de aquello que se le había indicado que dejara de hacer en la empresa respecto a una actividad ajena a ella, se hace en un día en el que no debería encontrarse abierto el centro de trabajo, lo que en absoluto permite llegar a la conclusión de que la empresa fuera conocedora de esa actividad y la permitiera y para mayor gravedad de la conducta se hace cuando el trabajador se hallaba de baja por COVID. En consecuencia, entendiendo correcto el criterio seguido por la Juez de instancia, por todas las razones esgrimidas en su sentencia y no habiéndose producido las infracciones fácticas y jurídicas denunciadas, debe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia de instancia en su integridad.
